La corrupción en las licitaciones de servicios para el sector público parece no tener fin. Funcionarios y proveedores “consentidos” integrados ya, en muchos de los casos, como verdaderos monopolios, “aceitan” procedimientos y siempre encuentran la manera de burlar las reglas en beneficio propio.
Es una vergüenza, pero estos procederes parecen estar ya en nuestro ADN social, a pesar de los muchos esfuerzos realizados para revertirlos.
Llegó a esta columna copia de la carta enviada a la oficial mayor de la secretaría de Hacienda, Thalía Lagunas Aragón por Raúl Antonio Gamboa López, representante legal del “Grupo ATS Seguridad Empresarial” dedicado a la prestación de servicios integrales de limpieza. Esta empresa es uno de los posibles proveedores registrados ante esa dependencia en el contrato marco vigente.
Gamboa López le pide a Lagunas Aragón revisar el esquema de participación de un grupo de empresas que son propiedad de la misma persona y que “ha acaparado los contratos del sector” (limpieza), a tal punto que “el día de hoy son ya un monopolio”.
Y refiere que las empresas “Grupo Relissa Servicios Corporativos”, “Aseo Privado Institucional”, “Armot Seguridad Privada y Servicios Corporativos”, “Gerlim”, “Comercializadora de Servicios Reyson”, “Servicios Integrales Retimar”, “Cleanium Limpieza”, “Limpieza Jored”, “Distribuidora Yaab”, “Servicios de Nano Limpieza”, “Pulizia Servicios Corporativos”, y “Limpiacero”, no solo pertenecen a la misma persona jurídica sino que comparten socios y representantes legales ante esa oficialía mayor de Hacienda, como consta en los expedientes y documentos que presentaron al momento de solicitar su registro en el contrato marco para ser considerados como posibles proveedores, situación prevista y calificada como ilegal en la Ley de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios del Sector Público.
Con esas razones sociales participan mediante un esquema de colusión en prácticamente todos los procesos que la administración pública licita, ya que las diferentes empresas del mismo grupo presentan ofertas diferentes escalonando los precios, lo que también está sancionado por la Ley de Adquisiciones, pues está claro “un acuerdo entre proveedores para subir los precios que ofertan”.
Avala lo antes dicho el acta de presentación y apertura de proposiciones del procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores para el servicio de limpieza integral de los inmuebles de “Prevención y Readaptación Social”, órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con fecha 23 de febrero de 2024.
En el acta están los nombres de once empresas invitadas, tres de las cuales (“Armot Seguridad y Servicios Corporativos”, “Distribuidora Yaab” y “Grupo Polizia”) forman parte de la misma persona jurídica, según se puede constatar en el documento.
El representante legal del “Grupo ATS” le dice a la oficial mayor de Hacienda que este hecho es “completamente contrario al espíritu del esquema de contratación por medio del contrato marco que esa dependencia elaboró, publicó e implementó para mejorar las condiciones de precio que el gobierno paga por esos servicios”.
Se trata de un verdadero acaparamiento de contratos y un esquema de simulación de competencia que propicia además la evasión fiscal que, de acuerdo con los denunciantes, ha sido posible por la “actuación parcial, conveniente, omisa, nada objetiva y hasta dolosa de la oficialía mayor de Hacienda”.
Los quejosos recomiendan la revisión de diversas adjudicaciones de servicios integrales de limpieza realizados entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 en dependencias como la propia Hacienda, la SEP, la CONAGUA, el AICM, el ISSSTE, del IPN, el Metro y el Metrobús, entre las más representativos, que han beneficiado al señalado grupo empresarial con la adjudicación de contratos por unos tres mil millones de pesos y que, de acuerdo con otras denuncias periodísticas, ha evadido con la complicidad o complacencia del IMSS el pago de cuotas obrero-patronales de más de 70% de su plantilla laboral, a la que mantiene en esquemas de subcontratación, no obstante que el llamado outsourcing, autorizado en nuestro país en 2012, quedó prohibido en septiembre de 2021.
Con el inicio formal de la campaña por la Presidencia de la República, llegó el momento de que las dos candidatas y el candidato definan y comuniquen a la gente sus propuestas de solución a los grandes problemas del país y las políticas a seguir para su desarrollo.
Aunque la “guerra sucia” será inevitable, las y el contendiente deberán ofrecer al votante ideas que le permitan contrastar planes de gobierno.
No digo que los ataques quedarán atrás, pero llegó al fin la hora de las propuestas. Exijamos a los aspirantes ir más allá de las acusaciones sobre la presunta corrupción inmobiliaria de Xóchitl, de las forzadas imputaciones a Sheinbaum por extensión de las acusaciones de narcotráfico hechas a AMLO en una investigación inexistente de los Estados Unidos o de las puntadas etílicas y futboleros de Álvarez Máynez.
No nos concentremos solamente en el chicle pegado debajo de la silla por la candidata aliancista o por el lapsus de la oficial al confundir corrupción con transformación. Es el momento de delinear proyectos y contrastarlos.
Gálvez arrancó en Fresnillo, municipio zacatecano gobernado por Morena y que ocupa el nado honroso primer lugar de los más inseguros y violentos del país, con un lema sólido: “Por un México sin miedo”, aunque el buen tino se vio opacado al hacer en procesión de madrugada lo que fue su primera propuesta: construir una enorme cárcel tan moderna, pero a la vez tan aterradora, que disuada a los malosos de seguir cometiendo fechorías.

Esta idea, muy parecida a la del recién reelecto presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien construyó su mega cárcel para llenarla de “maras salvatruchas”, quedó ese día tan huérfana que la candidata del frente “Fuerza y Corazón por México” tuvo que complementarla ayer con otros diez puntos, muchos de los cuales más bien parecen pronunciamientos demagógicos.
Si no juzgue usted, primero los que a juicio de quien esto escribe pueden convertirse en acciones concretas eventualmente benéficas: el Ejército se concentrará en la seguridad nacional y dejará de hacer obras y caprichos del gobierno; se duplicará el tamaño de la Guardia Nacional y con mando civil tendrá presencia permanente en las ciudades más violentas: tecnología contra la delincuencia para todos los gobiernos estatales; y la creación con Estados Unidos de una agencia binacional de aduanas. Hasta ahí vamos bien.
Pero ahora las que suenan más bien a demagogia: se acabaron los abrazos y se aplicará la ley, “la familia de ningún policía debe quedar fuera de la clase media” al darles todo tipo de prestaciones; la búsqueda de personas como prioridad nacional; y cero tolerancias a la extorsión y al derecho de piso.
No debe dejarse pasar en este rubro el cursilón “pacto de sangre” (como si no fuera suficiente la ya derramada), con el que Xóchitl Gálvez aseguró que no cancelará los programas sociales o los jaloneos de templete con los que se sugiere un distanciamiento entre Sheinbaum y Clara Brugada.