De manera injustificada y atentando contra sus derechos laborales y sindicales, han sido despedidos de la empresa Tubos de Acero de México Sociedad Anónima (TAMSA), a más de 1 200 trabajadores, desde el 27 de marzo del 2020 hasta la fecha.

Al respecto, el secretario de Conflictos y Oficial Mayor del Sindicato Nacional Unidad y Progreso (SNUP-TAMSA), Alfredo Morales Cobos, denunció a directivos de la empresa Tenaris TAMSA y a integrantes del Sindicato Nacional Unidad y Progreso de violentar los derechos laborales de los trabajadores.

En entrevista, precisó que han existido violaciones al contrato colectivo de trabajo y a la ley federal del trabajo; además de la violación a la autonomía y libertad sindical.

“Varios compañeros que han sido rescindidos los han reinstalado, pero también algunos otros activistas sindicales no los reactivan, es donde tienen que cambiar un poco la mentalidad, la libertad sindical es fe los trabajadores, sean del Sindicato que sean, aquí venimos a trabajar y es lo que deben de ver”, apuntó Morales Cobos.

Entre los obreros que han sido dados de baja, se encuentran al menos 12 casos de personal de contrato y otros de planta, de los cuales habían muchos con más de 30 años de experiencia, pero fueron separados de su cargo, por no simpatizar con las ideas del actual secretario general, Cándido Canseco Castro.

Alfredo Morales Cobos, recordó que desde 27 de marzo del año pasado, día en que se despidieron a 24 trabajadores, cada semana han ido dando de baja a personal, hasta llegar a esta fecha a cerca de 1 200 personas despedidas; lamentó además, que el secretario general, Cándido Canseco, por ignorancia jurídica y falta de capacidad, no haya apoyado o defendido a los despedidos.

"Ya veremos, hoy es mi re ingreso y por lo que pase lo dejamos en manos de la empresa", el acceso le fue negado al trabajador.
Finalmente, Morales Cobos, dijo que difícilmente se entablará una demanda ante la empresa Tenaris TAMSA, pues los obreros despedidos lo que desean es ser recontratados; aunque aseguró ya se han entregado pruebas de las irregularidades a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Ciudad de México.