La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con facultades para atender reclamaciones relacionadas con servicios educativos privados. La resolución establece que el pago de colegiaturas constituye una relación de consumo y, por lo tanto, se encuentra sujeto a las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Con esta decisión, el máximo tribunal del país respalda la actuación de la Profeco en procedimientos de conciliación, verificación y protección de los derechos de quienes contratan servicios educativos en escuelas particulares. El fallo también aclara el alcance de las atribuciones de la institución frente a los planteles privados que ofrecen educación mediante el cobro de una contraprestación económica.
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